Por el documento enviado por el Gobierno este viernes a los llamados agentes sociales, patronal y sindicatos, ya sabemos a qué atenernos en materia de reforma del mercado laboral después de tantas conjeturas respecto a los temas centrales de la misma. Básicamente, modelo de contratación, coste del despido y negociación colectiva, pensados para encajar en la filosofía expuesta por el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el pasado jueves en Roma.

Se trata de crear más empleo, por ver si acabamos de una vez por todas con ese mal estructural que nos lleva a duplicar la media europea de paro cada vez que hay una crisis económica. Y se trata de crear más empleo estable, por ver si acabamos de una vez por todas con las excesivas tasas de temporalidad en la contratación. Así que el Gobierno se propone llevar al Boletín Oficial del Estado un modelo de mercado del trabajo en el que la contratación indefinida sea la norma y la contratación temporal sea la excepción.

Para compensar esta aspiración a la fijeza el modelo prevé simplificar el recurso empresarial al despido y hacerlo más barato, pero sin llevarse por delante conquistas históricas de los trabajadores en materia de derechos adquiridos. Zapatero lo expresa de este modo: "Queremos reducir el esfuerzo y el coste del despido sin que los trabajadores pierdan derechos" ¿Y cómo encontrar el punto de equilibrio entre ofrecer al empresario un despido más fácil y no vulnerar los derechos sociales del trabajador?

Los sindicatos propusieron un mecanismo de arbitraje pero la patronal no lo aceptó pues, dicen, la patronal pretende el despido discrecional, que es su forma de referirse al despido libre de hecho. Ahí está el punto de fricción que, según los sindicatos, ha hecho imposible el acuerdo de la CEOE con las dos grandes centrales sindicales, UGT y CCOO, durante los recientes intentos de lograr una reforma pactada del mercado laboral. La patronal, por su parte, asegura que el diálogo ha encallado en las causas para poder hacer un despido procedente y la cuantía de las indemnizaciones.

A saber si realmente esa fue la causa última del fracaso. No obstante, vemos a la CEOE recostada en la necesidad que el Gobierno de Zapatero tiene de cumplir lo antes posible las exigencias de los mercados. Y esas exigencias se parecen más a sus propuestas que a las propuestas sindicales.

A partir de ahora el inaplazable objetivo de la reforma del mercado laboral entra en el ámbito parlamentario. El Gobierno dictará la reforma con el mayor consenso posible. Ya ha tendido puentes con los nacionalistas catalanes de CiU y, en segundo término, con el PP. Esperemos que no caiga en la tentación de alejar al principal partido de la oposición del consenso sobre una reforma que, según el propio Zapatero, es para muchos años.